Rosario evalúa erradicar cuidacoches en zonas clave y separar extorsión de trabajo informal

Rosario podría avanzar hacia una prohibición progresiva de la actividad de cuidacoches en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos y sectores considerados sensibles si prospera un nuevo proyecto ingresado al Concejo Municipal.

La iniciativa fue presentada por Federico Lifschitz y tiene un objetivo explícito: erradicar la práctica informal de cuidado de vehículos en determinados espacios públicos. Pero el texto no plantea una respuesta exclusivamente policial: propone identificar a quienes hoy realizan la actividad y diferenciar situaciones de extorsión o violencia de casos vinculados con subsistencia y exclusión laboral.

Cuidacoches: dónde arranca la prohibición

La primera etapa abarcaría las áreas de estacionamiento medido. También alcanzaría calles y sectores en los que se desarrollen espectáculos deportivos, culturales o eventos masivos y zonas cercanas a hospitales, dispensarios, sanatorios, tribunales, dependencias públicas y otros lugares que el Ejecutivo considere prioritarios.

La autoridad municipal podría ampliar progresivamente el mapa. Eso significa que la ordenanza no dibuja una prohibición total e inmediata en toda Rosario, sino un esquema escalonado que comienza por lugares donde la presencia de cuidacoches puede generar mayor volumen de reclamos o presión sobre los automovilistas.

Censo social y separación de perfiles

El proyecto ordena elaborar un relevamiento de las personas que realizan la actividad. El objetivo declarado es conocer situaciones individuales y separar perfiles: quienes registren antecedentes o estén vinculados con episodios violentos o extorsivos deberían ser abordados desde control y seguridad; quienes trabajen de buena fe y se encuentren en situación de vulnerabilidad podrían ser vinculados con herramientas de empleo, formación o inclusión.

Esa distinción es políticamente relevante porque el debate sobre cuidacoches suele quedar atrapado entre dos posiciones extremas: tratarlos a todos como delincuentes o considerar cualquier intervención estatal como criminalización de la pobreza. El expediente intenta construir una categoría intermedia, aunque llevarla a la práctica será complejo.

¿Cómo se determina cuándo una persona trabaja “de buena fe”? ¿Qué antecedentes serán considerados? ¿Qué ocurre con una causa sin condena? ¿Quién accede a esa información? Son preguntas que la reglamentación deberá responder para evitar decisiones arbitrarias.

Control, denuncias y coordinación con la Provincia

La recopilación de datos plantea un desafío de privacidad. Un censo social puede incluir información necesaria para ofrecer programas de empleo, pero mezclarla con antecedentes penales, denuncias o hechos de violencia exige reglas estrictas sobre quién consulta, para qué se utiliza y cuánto tiempo se conserva.

En materia operativa, la propuesta ordena coordinar protocolos con fuerzas de seguridad provinciales. El municipio puede fiscalizar el uso del espacio público, pero las situaciones de amenazas o extorsión pueden requerir intervención policial y judicial. El proyecto incorpora además canales de denuncia a través de herramientas municipales — plataformas digitales y sistemas de atención — y dispone una campaña de información durante los dos meses previos a la implementación.

Informe a los seis meses y presupuesto abierto

A los seis meses, el Ejecutivo debería presentar un informe al Concejo y publicar datos de implementación. Esa obligación permite evaluar si disminuyeron reclamos, cuántas personas fueron relevadas, cuántas ingresaron a programas sociales y qué nivel de intervención de seguridad fue necesario.

No hay una estimación presupuestaria. El costo puede surgir del censo, equipos de control, campañas y programas de inclusión. Si la erradicación se apoya únicamente en operativos requerirá presencia sostenida; si se combina con inserción laboral, también necesitará cupos y herramientas concretas para ofrecer alternativas.

El autor ya había impulsado una iniciativa similar en 2024 que perdió estado legislativo. La nueva versión vuelve sobre un problema que atraviesa distintas gestiones y que suele intensificarse alrededor de recitales, partidos y zonas de alta demanda de estacionamiento.

Si el proyecto avanza, la discusión será menos simple que “trapitos sí o no”. El Concejo deberá definir cómo se elimina una práctica que genera denuncias sin convertir la respuesta en una persecución indiscriminada. El equilibrio entre seguridad, convivencia e inclusión será el núcleo de la medida.

Noticia elaborada a partir del expediente del Concejo Municipal de Rosario. Más información en estacionline.com.